Ley de Segunda Oportunidad

Esta ley, conocida también como “reducción de carga financiera y otras medidas de orden social”, lleva vigente en España desde 2015, ofrece la oportunidad de negociar de nuevo las condiciones de pago con los acreedores y, en última instancia, la exoneración de las deudas. Esta ley brinda la oportunidad de cancelar no sólo las deudas de las persona físicas, sino también de las personas jurídicas, se presenta como una solución frente a aquellas deudas que se han ido acumulando a lo largo de los años y que suponen un verdadero problema económico.

La finalidad de dicha ley no es librarnos de nuestras deudas, sino perdonar aquellas que no pueden ser satisfechas, ello es lo que ofrece la posibilidad al consumidor o autónomo de arreglar todo fracaso empresarial o particular, en vez de mantenerse en esa situación por un tiempo indefinido.

Esta ley va dirigida tanto a particulares como a autónomos que no puedan pagar las deudas contraídas, el procedimiento a seguir es el mismo tanto en un supuesto como en otro, con la excepción de que los particulares iniciarán este proceso ante notario, mientras que los autónomos lo harán en el Registro Mercantil o Cámara de Comercio correspondiente.

El art. 178 bis contiene los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad, que son los siguientes:

• Que el concurso no sea declarado culpable

Es decir, que para la declaración del concurso el deudor no debe ocultar información de ninguna clase sobre su situación de insolvencia, ni haber ocultado documentación  relevante para su caso. En caso contrario, se declarará culpable automáticamente y no tendrá derecho alguno a acogerse a esta ley.

• No haber incurrido en ningún delito de orden socioeconómico

Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración del concurso. En caso de tener un proceso penal pendiente de resolución, hasta que no recaiga sentencia firme, el juez no podrá tomar decisión alguna en cuanto a la exoneración de las deudas o reestructuración de los pagos de las mismas.

• Haber intentado llegar a un acuerdo con los acreedores

Que el deudor, reuniendo los requisitos ya mencionados, en una primera instancia haya intentado un acuerdo con sus acreedores en relación al pago de las deudas, acuerdo este que debe ser realizado mediante un profesional acreditado, así como ante notario.

• Haber satisfecho los diferentes créditos

Que el deudor haya satisfecho los créditos contra la masa, es decir, las deudas con los profesionales que le están gestionando el proceso, como pueden ser abogados, notarios, etc.., así como que haya satisfechos los créditos concursales privilegiados, que no son otra cosa que hipotecas y créditos públicos.

En el caso de las hipotecas, se puede llegar al acuerdo de conservar la vivienda siempre y cuando la deuda sea superior al precio de venta actual y el cliente pueda continuar pagándola. Si no se tiene ninguna vivienda el proceso es mucho más rápido.

• Otros requisitos a tener en cuenta

Que el deudor no se haya acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos 10 años, no haber rechazado una oferta de trabajo adecuada a su capacidad en los últimos 4 años a la declaración del concurso, aceptar la inclusión en el Registro Público Concursal y que la deuda no supere los 5 millones de euros.

En caso de cumplir con todos los requisitos anteriormente expuestos, el deudor opta al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) y podrá obtener la cancelación de sus deudas.

Posibilidad de renegociar las deudas. Cuando tanto el particular como el autónomo se acogen a esta ley, sus acreedores deberían estar de acuerdo en colaborar para ofrecer una reestructuración de la deuda, ya que en caso contrario podría aplicarse la exoneración y perderían todo derecho de cobro. Apertura a vías de satisfacción crediticia, con la Ley de Segunda Oportunidad es posible conseguir con el banco una exoneración en ciertos casos, supuestos que antaño eran casi imposibles, ya que el banco no aceptaba exoneración del pago de una hipoteca si una persona no podía pagarla. Posibilidad de liberarse de la parte impagable del crédito mediante el beneficio de la exoneración, el deudor siempre responderá de sus deudas con su patrimonio, con esta Ley el deudor podrá entregar todo el patrimonio y comenzar de nuevo, sin deudas que tener saldar. Protege los créditos más sensibles como pueden ser las pensiones alimenticias y los créditos públicos.

Es complicado, como en todo procedimiento, saber o poder determinar un tiempo exacto de duración del mismo, y más en estos supuestos, ya que todo lo relacionado con las deudas no tiene plazos exactos. Todo ello dependerá siempre de la situación personal de cada deudor, de las deudas que tenga y de los plazos en los cuales el deudor y el acreedor puedan llegar a un acuerdo para continuar con la siguiente fase del proceso. Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, en esta fase se presenta el expediente deudor y tiene una duración legal de entre 30 a 45 días. En la siguiente fase, tenemos la firma notarial y negociación extrajudicial, lo cual suele tener una duración de entre 3 a 6 meses. El concurso y en caso de no alcanzar acuerdo alguno con los acreedores, lo que nos llevaría a la resolución en el juzgado, suele tener una duración de entre 3 y 6 meses. La liquidación y exoneración de las deudas tiene una duración legal de entre 6 a 9 meses para las deudas ordinarias, y de 5 años para las deudas contraídas con la administración pública. Las deudas ordinarias se refieren a las contraídas a través de préstamos personales, tarjetas de crédito y facturas no pagadas.